Amenazan con hacer "una
sentada" ante el Ministerio y no descartan convocar una huelga si
Gallardón no dialoga sus reformas
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos representativos de la
Administración de Justicia y la 'Plataforma Justicia para Todos' han entregado
al Ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón más de 250.000 firmas de
trabajadores, ciudadanos y profesionales contra la ley de Tasas y el anteproyecto
por el que se "privatiza" el Registro Civil.
A la entrega de las rúbricas se une la acción
convocada para mañana por los representantes sindicales y los miembros de la
Plataforma, que mantendrán un encuentro con el secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, para solicitarle que su grupo presente un recurso de
inconstitucionalidad contra la nueva ley de tasas judiciales.
Los sindicatos confían en que el ministro
inicie un diálogo "constructivo" y abra una mesa de negociación para
abordar las importantes reformas que ha emprendido en el sector. De lo
contrario, plantearán un "endurecimiento" de las movilizaciones, con
paros parciales e incluso la convocatoria de huelga, según han manifestado sus
representantes a Europa Press.
Las plataformas sindicales han acudido este
mediodía a la sede del Ministerio de Justicia para exigir la derogación de esta
norma y la retirada del anteproyecto sobre la Reforma integral del Registro
Civil, que pretende transferir competencias a los registradores de la
propiedad.
ATAVIADOS CON CAMISETAS AMARILLAS
Su intención era entregar las miles de firmas
recabadas al ministro o a algún miembro de su gabinete. Sin embargo, los
sindicatos se han encontrado las reticencias del departamento que les remitía a
presentar las rúbricas en otro edificio situado en la plaza de Jacinto
Benavente de Madrid, donde se ubica la sede del Registro General.
En el control de seguridad, los delegados
sindicales han alegado su "derecho" a presentar las firmas en el
edificio de la calle San Bernardo y han amenazado con hacer una sentada hasta
que algún representante ministerial las recogiera. "Nos quedamos aquí
sentados hasta que nos las recojan", han dicho.
Tras la insistencia de la decena de
congregados, algunos ataviados con camisetas amarillas con el lema 'Sin
Justicia, no hay derechos', una funcionaria del Ministerio se ha hecho cargo de
las cajas que guardaban los documentos y se ha comprometido a trasladarlas al
gabinete de Ruiz-Gallardón.
"NO PUEDEN PEDIR SACRIFICIOS CUANDO
ESTÁN INMERSOS EN CORRUPCIÓN"
La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSI-F), mayoritaria en el sector, ha expresado su
"malestar" por el "desaire" del ministro y de los altos
cargos de su departamento al entender que supone "una falta de respeto a los
representantes legítimos de los trabajadores y a los miles de ciudadanos que
con su firma manifiestan su rechazo a la privatización y el deterioro
progresivo de la Justicia".
En sus escritos, los firmantes reclaman a
Gallardón "un diálogo constructivo, franco y sincero" junto a
"soluciones eficaces" a los graves problemas que soporta la Justicia
con el objetivo de garantizar un servicio "para todos" y sin ningún
tipo de "exclusión".
"No es de recibo una política como la
que usted ha emprendido en solitario, sin escuchar a todos los colectivos que
intervenimos en la Administración de Justicia, que va a convertirla en un
servicio que no cumpla con sus funciones constitucionales", exponen.
Demandan un "cambio en la línea de
actuación" del Ministerio y una política sin "recortes" en el
derecho al acceso a la Justicia y en defensa de los derechos fundamentales de
la ciudadanía, de la seguridad jurídica y la reactivación económica. "La
Justicia está relegada del proceso de modernización que se ha acometido en
otros ámbitos públicos", denuncian.
El presidente del sector de Justicia de CSIF,
Juan José Corral, ha explicado a Europa Press que han recopilado firmas desde
el pasado 4 de diciembre a las puertas de los juzgados, de centros comerciales
y puntos céntricos como la plaza de Callao o la Puerta del Sol de Madrid.
"Confiamos en que el ministro tome nota y se siente a negociar de una vez
por todas", ha expresado.
El responsable de acción sindical de Justicia
de CC.OO., Javier Hernández, ha denunciado que la gestión de Gallardón
convierte este servicio público en "un negocio" para entregarlo a sus
"afines". "El propio presidente del Gobierno es registrador. El
problema es que Gallardón ha confundido a la ciudadanía con sus
intereses", ha añadido.
"No es admisible que se cobren tasas o
se privaticen servicios de los ciudadanos cuando la gente del PP está inmersa
en una clarísima corruptela y corrupción política que todos los medios dicen
insistentemente. No se puede pedir sacrificios cuando están inmersos en la
corrupción", ha señalado.
Desde UGT, Carlos Paniagua ha apelado a la
"sensibilidad" del ministro para retirar unas tasas de cuestionable
legalidad y ha calificado como un "grave error" la "privatización"
del Registro Civil por las garantías que ofrece la Administración y el coste
gratuito que tiene ahora mismo.
Emilia Rubio, de STAJ, ha denunciado que los
funcionarios se ven doblemente perjudicados por las tasas en tanto que la
Administración "nunca es condenada en costas" ni "hace acuerdos
extrajudiciales". "Nos perjudica a todos. Somos ciudadanos y también
empleados públicos. No podemos consentir que no se nos permita reclamar un
derecho laboral", ha concluido.
