ENLACE Y APDHA
RECLAMAN UN MAYOR USO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PARA EVITAR QUE
ANDALUCÍA SIGA SIENDO LA REGIÓN CON MÁS PERSONAS ENCARCELADAS
La Federación
Andaluza ENLACE y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, con motivo
del Día de la Merced, patrona de prisiones, han recordado esta mañana en rueda
de prensa celebrada en Córdoba que es posible y necesario reducir el número de
personas encarceladas y que éstas deben tener el mismo acceso a la sanidad que
el resto de la población.
Jorge
Ollero, Coordinador Jurídico de ENLACE, ha presentado los resultados del
estudio “La realidad penal y penitenciaria: una visión desde las entidades
sociales” en el que se recogen datos contrastados sobre la situación de las
cárceles españolas y andaluzas, que ha sido realizado en colaboración con la
Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP). Ollero
destacó que “Andalucía es la región española con mayor número de personas
encarceladas, más de 14.000, pese a ser una de las regiones con menor tasa de
criminalidad.” Además añadió que “en Andalucía hay más de 10.000 personas en
prisión por problemas relacionados con las drogas (unos 9.100 hombres y
900 mujeres). Según los datos de este estudio “de acuerdo a nuestra tasa de
criminalidad y en relación a la media europea, un 48% de las personas
encarceladas deberían estar en libertad.” “Esto demuestra”, recalcó Ollero,
“que podríamos tener 7.000 andaluces y andaluzas fuera de prisión, sin
que eso aumentara la delincuencia, simplemente utilizando más las
medidas alternativas a la prisión, como el cumplimiento de la pena en un centro
de tratamiento de drogodependencias o la mediación penal”.
Por
su parte, Valentín Aguilar, Coordinador de la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía denunció el incumplimiento de la legislación por parte
de la Administraciones, que establecía que las competencias sanitarias en
prisión debían ser traspasadas desde el Ministerio del Interior a la Junta de
Andalucía. Ambas administraciones han mantenido un desinterés absoluto. La
APDHA consiguió junto a la presión de otras entidades, entre las que se puede
destacar al Defensor Andaluz, que el Parlamento Andaluz solicitara el pasado
mes de junio este traspaso mediante una proposición no de ley. A tal fin ha
iniciado una campaña #SanidadenPrisión exigiendo que las transferencias
se produzcan de forma automática en el plazo prudencial de 18 meses. Se
realizarán propuestas a los distintos partidos e instituciones y se recogerán
adhesiones de entidades a tal fin (http://www.apdha.org/sanidad-en-prision/).
En
la actualidad, y hasta tanto se produzca la transferencias, la sanidad está
lejana de la igualdad de condiciones con la población libre que exige la
legislación. Así la atención sanitaria es de segunda, con productos
farmacológicos de distinta categoría (STS de 28 de marzo de 2016, declaró
ilegal está práctica, pese a ello continua). Entre otras cuestiones se pueden
citar las graves dificultades para acceder a la medicación, serios
inconvenientes para obtener citas de especialistas, pérdidas reiteradas de
citas médicas con perjuicios en algunos casos muy considerables para la salud
de los pacientes, modificación de la medicación prescrita, falta para el acceso
de los médicos de prisiones a las historias clínicas –en muchos casos no tienen
ni acceso a internet-, aislamiento de los facultativos, desorbitada ratio médico/paciente,
entre otros. Muchos de estos problemas vienen causados por la dependencia
del personal sanitario del Ministerio del Interior y como consecuencia, de
criterios de seguridad antes que criterios médicos.
En
el ámbito local, Presentación Izquierdo, Trabajadora Social de la asociación
Ariadna (entidad federada en ENLACE), expuso el trabajo realizado en la cárcel
de Córdoba. En dicha prisión, y según los últimos datos disponibles (2015), la
población penitenciaria ascendía a 1.471 personas (1.386 hombres y 85 mujeres).
Ariadna hace una labor de acompañamiento y seguimiento a personas presas con
problemas de adicciones y también reivindica un mayor uso de las alternativas a
la prisión. Según Izquierdo, “la cárcel cronifica y no resuelve los problemas
de drogodependencias. Es necesario contar con más recursos para realizar un
abordaje integral y en este sentido consideramos muy grave la situación que
viven muchas personas con patología dual (enfermedad mental + drogodependencias).
La inmensa mayoría de las infracciones registradas en la provincia de Córdoba
no son de gravedad y por tanto no se explica la alta tasa de encarcelamiento”.
